Publicado el 04/06/2025 por Administrador
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Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles ha presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, acusando al gobierno de Donald Trump de llevar a cabo una recolección masiva e injustificada de muestras de ADN a inmigrantes, incluso a aquellos que no han sido acusados de ningún delito.
La querella fue interpuesta por el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, junto con el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y la organización Americans for Immigrant Justice. Según estas entidades, el DHS ha utilizado mecanismos opacos y poco regulados para recopilar información genética de miles de personas que cruzan la frontera, incluyendo menores de edad.
Desde 2020, la recolección de ADN en la frontera aumentó un 5.000 %, alimentando con perfiles genéticos la base de datos criminal del FBI conocida como CODIS. Esta base fue creada originalmente para registrar el ADN de delincuentes condenados, pero ahora incluye a migrantes que no enfrentan cargos legales. Según los demandantes, esto representa una violación grave del derecho a la privacidad y una ampliación peligrosa del aparato de vigilancia estatal.
Stevie Glaberson, director de investigación del Centro de Privacidad de Georgetown, advirtió que este programa se ha desarrollado sin restricciones claras ni supervisión judicial. “El DHS está ampliando su base de datos con el ADN de personas inocentes, sin justificación legal ni controles democráticos. Es una invasión a la información más sensible que una persona puede tener”, sostuvo.
Además del impacto en la privacidad individual, la demanda también denuncia que este tipo de prácticas puede tener un efecto intimidatorio contra comunidades migrantes y organizaciones que luchan por sus derechos. Emily Tucker, directora ejecutiva del mismo centro, afirmó que la recolección de ADN “no solo busca controlar la migración, sino también crear un clima de miedo, vigilancia e intimidación”.
Las organizaciones exigen que el gobierno entregue toda la documentación relacionada con este programa: protocolos de toma de muestras, mecanismos de almacenamiento, uso futuro de la información genética y posibles convenios con otras agencias. Hasta ahora, el DHS no ha respondido públicamente a la demanda ni ha ofrecido una justificación clara para esta política.
El caso ha reactivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles en la política migratoria estadounidense. Para los demandantes, recolectar ADN sin causa probable constituye una forma de criminalización anticipada y un precedente peligroso para otras poblaciones vulnerables.
Expertos legales señalan que esta acción podría sentar un precedente importante sobre los límites del poder gubernamental en cuanto al manejo de datos biométricos. Mientras tanto, miles de perfiles genéticos de inmigrantes ya forman parte de bases de datos federales, sin que esas personas hayan cometido delito alguno ni sido informadas adecuadamente sobre el destino de su información.
